Todo lo que necesitas saber sobre la nueva Ley Antifraude contra la doble contabilidad

Todo lo que necesitas saber sobre la nueva Ley Antifraude contra la doble contabilidad

En España se da la circunstancia de que el fraude fiscal, relativo a la evasión del IRPF, aumenta conforme se incrementa la riqueza de los contribuyentes. Todo ello provoca que la brecha recaudatoria oscile en torno a los 7.000 millones de euros al año. La nueva Ley Antifraude 11/2021 del pasado 11 de octubre del citado año, busca combatir las formas de fraude asociadas a las nuevas tecnologías.

La nueva Ley Antifraude

Con esta nueva legislación, se busca prohibir la producción, tenencia o comercialización de un software de doble uso. Esto significa el  empleo de programas informáticos que permitiesen manipular la contabilidad de las empresas para llevar dos registros de actividad, uno legal y otro oculto.

La Ley Antifraude contra la doble contabilidad se basa en antecedentes como el sistema Ticket BAI desarrollado por el Gobierno vasco. Ahora se busca sancionar a todos los fabricantes y usuarios de este tipo de programas, sometiéndolos a estrictos controles.

Un software como el Sage 200 ofrece mayor potencia y productividad, permitiendo la administración del negocio de un modo más eficiente y  permite ahorrar tiempo a la hora de controlar la contabilidad. Pero frente a la legalidad aparece el software de doble uso, contra el que lucha la Ley Antifraude, que no garantiza la integridad, accesibilidad, legibilidad e inalterabilidad de los registros.

Esta tipología de software de doble uso se caracteriza por llevar contabilidades distintas del artículo 200.1 d) de la Ley Antifraude, no reflejando el total de las transacciones realizadas y/o alterando las ya registradas. Además, en caso de modificaciones, éstas no quedan registradas en el programa.

Para cumplir con la nueva Ley Antifraude la empresa deberá poner todos los datos de su software a disposición de Hacienda. Por consiguiente, existen sanciones por tenencia de programas informáticos que permitan hacer la contabilidad en B, aunque éstos no se llegasen a utilizar.

El desarrollo de las nuevas medidas

La nueva Ley Antifraude, además de controlar el empleo de software de doble uso, aplicará limitaciones de pagos en efectivos de hasta 1.000 euros. Esto se aplica en todas las operaciones en las que interviniese el empresario, estableciéndose además la congelación del impuesto de matriculaciones.

Esto va sumado a cambios en los pactos sucesorios o herencias en vida, suprimiendo cualquier tipo de ventaja fiscal si los bienes se transmiten antes de cinco años. No obstante, esta medida se restringe a Galicia, Aragón, Baleares y Cataluña.

La Ley Antifraude también contempla la regulación de las entradas domiciliarias en procedimientos relacionados con la inspección tributaria, así como el control de las criptomonedas. Así mismo, se prohíben las amnistías fiscales y baja a 60.000 euros el umbral de deuda con Hacienda para aparecer en la lista de morosos.

Junto a las ya citadas, aparecen otras medidas vinculadas a la Ley Antifraude que afectan directamente al Impuesto de Sociedades. En este sentido, se destaca que las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) tributan al 15% por su beneficio no distribuido. Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) deben cumplir con un requisito de inversión mínimo de 2.500 euros. No obstante, la inversión mínima sería de 12.500 euros en caso de establecerse por compartimentos y el número mínimo de socios sería de 100.

De igual manera, se ha efectuado una modificación importante de los aspectos relacionados con el valor de los bienes inmuebles. De esta manera se evita que el valor de referencia fuese superior al valor de mercado.

Las sanciones de la nueva Ley Antifraude

El nuevo texto normativo es claro en este sentido, se prohíbe la realización de gestiones a través de un programa tipo Excel o Google Sheets. En este sentido, las sanciones económicas podrán oscilar entre los 1.000 y los 150.000 euros. Se establecen multas pecuniaria fijadas desde 50.000 euros por cada ejercicio si los programas informáticos empleados no están certificados correctamente.

La Ley Antifraude recoge sanciones de 150.000 euros por cada ejercicio económico en el que se produjesen ventas y por cada programa electrónico objeto de la infracción. Ésta sanción sería de 1.000 euros por cada sistema o programa comercializado que determinase la falta de certificado.

Por consiguiente, todos los programas informáticos de software de gestión de las empresas deberán estar homologados antes del 1 de enero de 2024 por la Agencia Tributaria.